Desde 2022, la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) opera como órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda. Se separó del SAT durante el sexenio de López Obrador para que se vigilara el comercio exterior, se recaudara con eficiencia y se cerrara la puerta al contrabando, la corrupción y la introducción de drogas.

El gobierno de Claudia Sheinbaum promete que en 2026 el país contará con una modernización integral de las operaciones aduaneras. El plan incluye la incorporación de tecnología de punta para detección de ilícitos, sistemas de inspección no intrusiva, trazabilidad digital de mercancías y videovigilancia en tiempo real. La meta es agilizar el flujo de bienes y personas, reducir los tiempos de espera en cruces fronterizos y puertos marítimos, y hacer más eficientes los procesos de despacho, con el objetivo de que ingresen 3,496 millones de pesos en 2026.

Desde el 2008 el aprovechamiento de este rubro se ha mantenido en ceros. Estos recursos provienen de las cuotas que pagan importadores y exportadores y se vuelven a destinar a fortalecer la operación de las aduanas: adquisición de tecnología, instalación de sistemas de inspección y capacitación del personal. Esta previsión ocurre en un momento en que las aduanas se convirtieron en una de las principales fuentes de ingresos del país. Cerca de 30% de los ingresos tributarios provienen de ellas, lo que las coloca como un pilar de la recaudación federal.